Frank Terreri es abogado defensor penal asociado principal en la firma Matian. Anteriormente trabajó como asociado en el Departamento de Trabajo y Empleo de Mastagni Holstedt, APC, representando a empleados del sector público en investigaciones disciplinarias, audiencias administrativas, investigaciones de uso de la fuerza e investigaciones de incidentes críticos que incluyen muerte bajo custodia e investigaciones de disparos de oficiales involucrados. El Sr. Terreri continuó su carrera jurídica en el servicio público como fiscal adjunto del condado de Tuolumne, donde manejó innumerables casos penales desde la presentación hasta el juicio.
El Sr. Terreri es un Mariscal Federal del Aire Supervisor (FAM) retirado con más de 32 años de experiencia en aplicación de la ley y 27 años en liderazgo de sindicatos y asociaciones, dedicando igual tiempo a actividades de representación sindical/asociacional y aplicación de la ley. Después de servir 4 años como líder de escuadrón de infantería para suboficiales en la 24.a División de Infantería, el Sr. Terreri comenzó su carrera policial como oficial correccional del estado de Nueva York en el centro correccional de Sing Sing. Luego se convirtió en Agente de la Patrulla Fronteriza, donde comenzó su actividad sindical sirviendo como Presidente del Local 1613 del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza en San Diego.
Durante su servicio como agente del orden, ha estado involucrado en investigaciones a gran escala a nivel federal que han resultado en importantes arrestos, condenas y desmantelamiento de organizaciones empresariales criminales. En su calidad de dirigente sindical, el Sr. Terreri ha representado a cientos de agentes federales en procedimientos de quejas, prácticas laborales injustas (ULP), arbitrajes, presentación de divulgaciones ante la Oficina del Asesor Especial y apelaciones ante la Junta de Protección del Sistema de Méritos para promover una solución efectiva. fuerza laboral federal libre de prácticas personales prohibidas.
Después de los horribles ataques del 11 de septiembre, el Sr. Terreri fue uno de los primeros alguaciles aéreos federales contratados para ser desplegados en vuelos estadounidenses para disuadir, detectar y defenderse contra futuros ataques terroristas. Se desempeñó como Oficial Líder de Capacitación supervisando armas de fuego, medidas defensivas y tácticas de misión para las oficinas de San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Durante la mayor parte de su mandato como Mariscal Aéreo Federal Supervisor, se desempeñó como Presidente Nacional de la FAM de la Asociación Federal de Oficiales de Aplicación de la Ley (FLEOA), donde luchó vigorosamente por los derechos y la seguridad de miles de FAM y los pasajeros que juraron proteger. El Sr. Terreri también se desempeñó como Director Legislativo Nacional de FLEOA, representando a 28,000 agentes federales encargados de hacer cumplir la ley de más de 65 agencias federales, redactando y presentando legislación a los miembros del Congreso, obteniendo la aceptación de ambas partes con delicadeza, equilibrando los derechos sindicales y de los trabajadores con la ley. apoyo a la aplicación de la ley explicando racionalmente la posición para provocar la aceptación de las preocupaciones de los miembros.
Como presidente de la Agencia Federal del Servicio de Mariscal Aéreo de la FLEOA, el Sr. Terreri intentó trabajar dentro del sistema para cambiar las políticas de Seguridad Nacional que ponían en riesgo a los Alguaciles Federales del Aire y al público viajero. Después de ser removido de su cargo y exonerado de múltiples investigaciones internas por su abierto activismo sindical, la ACLU del Sur de California representó al Sr. Terreri y presentó con éxito una demanda de medidas cautelares y declaratorias contra Michael Chertoff, Secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Esta queja se refería a regulaciones restrictivas de la expresión implementadas y aplicadas contra los Marshals Federales del Aire por el gobierno de los Estados Unidos que violaban el derecho del Sr. Terreri a la libertad de expresión y a presentar peticiones al gobierno tal como lo garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y su derecho a igualdad de protección garantizada por la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La victoria trajo un cambio en la política y el procedimiento de Seguridad Nacional para garantizar que los Marshals Aéreos Federales pudieran mantener su estatus encubierto requerido para salvaguardar mejor al público.